Comentario sobre las directivas de sostenibilidad. No basta con simplificarlas: lo lógico es derogarlas

La Unión Europea aprobó en 2022 y 2024 dos directivas de gran alcance —la CSRD y la CSDDD— que ampliaban masivamente las obligaciones de información y diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Su aplicación habría multiplicado por cuatro el número de compañías obligadas a reportar, creado procesos de verificación adicionales y extendido la responsabilidad empresarial a esferas imposibles de supervisar de forma realista. La evidencia disponible, sin embargo, muestra que estas normas se apoyan en fundamentos teóricos débiles, generan información de utilidad limitada y carecen de los incentivos adecuados para corregir fallos del mercado.

En 2025, tras el informe Draghi y ante la pérdida de competitividad, la resistencia empresarial y la divergencia internacional creciente —especialmente frente a Estados Unidos—, la Comisión Europea impulsó una rectificación sustancial mediante el paquete Ómnibus: elevó umbrales, redujo obligaciones y pospuso la entrada en vigor. Pero esta simplificación es una respuesta tardía, parcial e insuficiente. La simplificación atenúa algunas cargas visibles, pero no corrige los problemas de fondo: inseguridad jurídica, discrecionalidad regulatoria, incentivos perversos y, sobre todo, desplazamiento de decisiones colectivas hacia órganos privados carentes de legitimidad democrática.

El presente Comentario argumenta que ni la CSRD ni la CSDDD logran sus objetivos declarados. Las métricas ESG son inconsistentes; las agencias que las producen están sujetas a conflictos de interés; los fondos “sostenibles” no obtienen mejores resultados ni logran impactos ambientales verificables; y la empresa no dispone de la información ni del mandato necesarios para resolver dilemas sociales complejos. Estas normas, además, generan rentas significativas para consultoras, verificadores y activistas especializados, al tiempo que debilitan los mecanismos de gobierno corporativo y diluyen la responsabilidad directiva.

La lógica que explica su adopción no es económica, sino política: una minoría con preferencias intensas por la sostenibilidad utiliza a la empresa como canal para imponer costes que no lograría aprobar en el proceso democrático ordinario. Las obligaciones de reporte funcionan así como un mecanismo indirecto de transferencia, que oculta el verdadero conflicto distributivo y desplaza cargas a consumidores, trabajadores y accionistas sin debate público explícito.

A la luz de la corrección emprendida por la Comisión y del agotamiento político del proyecto, resulta insuficiente “simplificar” estas directivas. La opción responsable es derogarlas o, al menos, congelarlas. La sostenibilidad empresarial exige precios correctos, reglas claras y responsabilidad jurídica efectiva ante daños reales, no un aparato burocrático expansivo y opaco. En España, la prudencia aconseja no culminar la transposición hasta conocer el resultado definitivo del paquete Ómnibus y evitar que las empresas españolas queden sometidas a un marco más exigente que el de sus competidoras europeas.